Guadalajara, 3 de febrero del 2024. Un grupo de jóvenes que buscaban mostrar solidaridad con el pueblo Palestino, organizaron una acción cultural que, lamentablemente, concluyó con la detención arbitraria y abusiva cometida por la policía municipal y estatal. Hoy quienes fueron golpeados y detenidos sospechan que la represión se orquestó a través del uso del sistema de videovigilancia del Escudo Urbano C5
31 agosto, 2024|| Texto: Aitana E. Rodríguez/ @Aitane.rdz / Zona Docs |Ilustración: Ivanna Orozco / @itzsquiggles |JALISCO. – El 7 de octubre de 2023, después del ataque de Hamás en el sur de Israel, en las que se asesinó alrededor de mil 200 personas y se tomó aproximadamente a 250 rehenes israelí, inició el sitiamiento y bombardeo indiscriminado a civiles palestinos de la franja de Gaza, esto a manos del ejército isrealí. A la par, se levantaron alrededor de todo el mundo muestras de solidaridad con el pueblo de Palestina para exigir el cese inmediato al fuego y sanciones al Estado de Israel por cometer crímenes de lesa humanidad.
En Guadalajara, siete días después, un grupo de activistas conformaron el Comité de Solidaridad con Palestina. Desde el 14 de octubre, la organización y movilización para mostrar el descontento con el intento de exterminio de la población palestina ha sido constante. ¿Sus exigencias? Que el gobierno de Jalisco y el resto del país rompan relaciones con el Estado de Israel.
Como respuesta, el 3 de febrero -al culminar un evento familiar de carácter cultural-, fueron víctimas de violencia y represión por parte de la policía municipal de Guadalajara. Este evento, a decir de las y los manifestantes agredidos, está marcado por el abuso de la fuerza, así como la fuerte sospecha de ser víctimas de una vigilancia ilegítima de forma física, pero también por medio de la infraestructura de videovigilancia del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, el «C5».
Cabe aclarar que el C5 o «Escudo Urbano C5» es un sistema de monitoreo en tiempo real que utiliza una infraestructura de videovigilancia conformada por 6 mil 935 cámaras y 2 mil 704 puntos de monitoreo inteligente, distribuidos en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, así como en los municipios de Puerto Vallarta y Lagos de Moreno.
El C5 tiene la capacidad de hacer localizaciones y monitoreo en tiempo real gracias a su amplia infraestructura de videovigilancia. Además, según la solicitud a transparencia EUC5/TRANSP/317/2024, han probado desde 2019 los software de empresas israelíes Briefcam y AnyVision para la implementación de capacidades de reconocimiento facial en la infraestructura de videovigilancia.
Una de las cámaras del C5 se encuentra sobre el andador Escorza, entre el Museo de las Artes Universidad de Guadalajara (MUSA) y las instalaciones de Canal 13 (ubicadas donde era antes el Cine del Estudiante), lugar en que sucedió, el 3 de febrero, la detención de siete activistas que intervinieron con un mural una de las paredes del canal de televisión con la consigna: «Gaza libre». Pared que ha sido durante años el lienzo de las luchas de Jalisco, como las desapariciones, los feminicidios y la violencia vicaria.
Este fue el mural que se realizó para exigir, el 3 de febrero, un alto al fuego en Palestina.
Ese día, el Comité de Solidaridad con Palestina de Guadalajara convocó a un mitín a las cinco de la tarde en la explanada de la rectoría general de la Universidad de Guadalajara para exigir que rompiera la neutralidad y se posicionara públicamente en contra del genocidio en Gaza. A las seis, se trasladaron a la rambla Cataluña para realizar talleres y un performance, entre otras actividades artísticas, esto para dar continuidad a la protesta. La asistencia era de alrededor de 40 personas, pero cuando disminuyó a 15 participantes -alrededor de las ocho de la noche-, fueron encapsulados e interceptados por elementos de la policía municipal.
Entre cinco y seis patrullas, más policías en motocicleta y bicicleta, rodearon a las y los activistas por la calle Manuel López Cotilla y avenida Juárez. Alrededor de 13 policías sin identificarse, sin disposición al diálogo y de forma prepotente detuvieron a siete personas. Aunque la justificación fue que recibieron una denuncia del Canal 13 por daño a la propiedad, también detuvieron a personas que no participaron en la creación del mural.
“Queda claro que a la Policía Municipal de Guadalajara no le interesaba hacer cumplir el reglamento y la ley al pie de la letra; su objetivo primordial fue reprimir e intimidar al movimiento pujante de solidaridad con Palestina; con estos actos de violencia se buscaba causar miedo y zozobra para entorpecer las muestras públicas de apoyo hacia la causa palestina”, precisa el pronunciamiento del Comité.
Estefanía*, una de las activistas del Comité de Solidaridad con Palestina, al percatarse de que estaban esposando a sus compañeros, intentó alejarse de la escena; sin embargo, la detuvieron con mayor fuerza.
“Me tumbaron y después me decían que me levantara para llevarme a la patrulla y yo no me quería parar, yo solo estaba tratando de que me dejaran en paz. Entre los jaloneos me arrancaron un mechón de cabello, me cargaron entre varios y empecé a llorar. Empecé a pedir ayuda, varios del Comité estaban grabando y diciéndoles a los policías que me dejaran en paz, que me estaban lastimando. Yo no quería que me llevaran, la verdad sentí mucho miedo, no confío para nada en los policías, estaba muy asustada”, explicó Estefanía.
Cuando Estefanía cedió y subió en la parte delantera de la patrulla, seguía asustada. Una policía junto a ella le gritó que se callara y dejara de llorar para después propinarle un golpe en la cabeza. Ella explicó que la razón por la que sentía tanta desconfianza de la policía son los antecedentes de la represión y desaparición forzada de más de 80 jóvenes que se movilizaron el 4, 5 y 6 de junio de 2020 en Guadalajara para exigir justicia por la ejecución extrajudicial de Giovanni López, hombre de 30 años que fue localizado sin vida después de haber sido detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por no portar cubrebocas.
“La policía de Jalisco desaparece personas y el antecedente es el 4, 5 y 6 de junio, cuando pasó lo de Giovanni. Yo tengo compas que me han contado que los policías decían que los iban a desaparecer y que ya se los había cargado la verga. Son policías indolentes, con una prepotencia que no sabes de lo que son capaces. Ya cuando vi que nos llevaban hacia la calle Hospital y la calzada, pues me tranquilicé”.
Durante su estancia en las instalaciones de la policía de Guadalajara, personal de asuntos internos entrevistó a las y los detenidos para saber si los policías los habían agredido. Ana, al sentirse acorralada y vigilada por la policía, quien dentro de la cabina de la patrulla le golpeó, decidió no hacer la denuncia:
“Nos pasaron a un lugar donde una persona nos preguntó si nos golpearon. Recuerdo que cuando me llevaron ahí, me acompañó la policía que me pegó. Así que yo la sentí como con una actitud de ‘te estoy vigilando’; no me dijo nada, porque no podía, pero sí la sentí como de ‘aquí estoy, ¡aguas!’. Yo no me atreví a decir nada por esa actitud amenazante, en ese momento no sabes cuál es la mejor decisión. En ese momento me sentí acorralada».
Después de un par de horas, lograron llegar a un trato con las autoridades del Canal 13 y fueron puestos en libertad sin pagar fianza.
Sin embargo, señalaron que en la procuraduría y, a la fecha, hay muchas contradicciones porque nunca quedó claro quién realizó la denuncia. Mientras que la policía de Guadalajara aseguró que fue a partir de un reporte de este noticiero, el canal mantuvo en todo momento que ellos no realizaron ningún reporte y que la policía actuó por motu propio. Al respecto, Ramiro Escoto, director del canal, compartió en X:
“Aún hay mucha incertidumbre. No sabemos si Notitrece o quien sea que haya estado dentro de las instalaciones del edificio habló para denunciar, o si precisamente los policías nos estaban vigilando a través de las cámaras del C5 que están justo donde se dieron las detenciones. Ahí está el poste de las cámaras del C5 y sí fue bastante claro que estaban esperando el momento propicio de que fuéramos menos para poder realizar las detenciones”, expresó Julián Helguera, activista del Comité.
Esta vigilancia también se dio de forma física en la marcha del 11 de febrero, en la que convocaron a la movilización para responder a la represión de las autoridades. Durante esta movilización, hubo presencia de civiles con apariencias o actitudes sospechosas que, incluso, posterior a la marcha, les tomaban fotos a los integrantes del Comité e intentaron grabarlos mientras aparentaban tener una llamada. También hubo la presencia de una persona que en repetidas ocasiones trataba de motivar a las y los protestantes para ser más “radicales”.
“Tuvimos una manifestación frente al Palacio Municipal. Hubo acercamientos con el gobierno municipal de Guadalajara y en algún momento dimos una rueda de prensa en el Palacio Municipal. Fue una rueda de prensa muy tensa porque era muy claro que había personas extremadamente sospechosas. Nunca hemos sabido si eran enviados del gobierno municipal, de la policía municipal o del gobierno del Estado, pero de hecho tuvimos altercados, porque una de las personas claramente nos estaba espiando”.
Aunque quienes conforman el Comité de Solidaridad con Palestina han tomado un curso de seguridad como medida para prevenir y reaccionar a futuros riesgos, se mantiene la indignación de saber no solo que el gobierno de Jalisco siga teniendo convenios en materia de ciberseguridad y videovigilancia con el Estado de Israel, sino que, a pesar del actual genocidio de la población palestina en manos del ejército israelí, el próximo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en su propuesta integral de seguridad expuso el interés de continuar firmando convenios con Estados Unidos y el Estado de Israel para capacitar a los mandos policiales y recibir asesoría en materia de inteligencia.
Las capacidades de vigilancia del C5 pueden llevar a violaciones significativas de derechos humanos, incluyendo al derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión. Al crear un ambiente de constante observación, esta tecnología puede sembrar la desconfianza en la ciudadanía y disuadir a las personas de participar en manifestaciones y actos de protesta bajo el temor de represalias, detenciones arbitrarias o la identificación y persecución selectiva de activistas.
El caso de la represión al Comité de Solidaridad con Palestina es un claro ejemplo de cómo el C5, con su extensa red de cámaras y capacidades avanzadas de monitoreo, se convierte en una herramienta para un estado policial, más interesado en controlar a su población que en garantizar su seguridad. La vigilancia constante y la represión de activistas evidencian un estado de vigilancia que no sólo monitorea, sino que también intimida y silencia a quienes luchan por la justicia y la solidaridad internacional.
